El Foro por los derechos de la niñez, adolescencia y juventud de la provincia de Buenos Aires REPUDIA enérgicamente las declaraciones públicas del Intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, sobre las propuestas de políticas represivas para chicos y jóvenes de clases populares estigmatizados como violentos.
En el mismo sentido, denunciamos que la decisión política del ministro de seguridad Granados de poner en funciones a los policías acusados de la desaparición de Luciano Arruga, muestra que las declaraciones de Pereyra no son aisladas, sino que están alineadas a una política del ejecutivo provincial, y otros actores políticos, de avanzar en la conformación de un estado punitivo por sobre un estado que garantice los derechos de los más chicos.
A casi una década de la sanción de la ley de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes aun no implementada cabalmente en la Provincia de Buenos Aires, los funcionarios a cargo de las administraciones municipales como el caso de Pereyra o de ministerios provinciales como Granados, muestran su decisión de promover el disciplinamiento o eliminación de las clases populares. El panorama actual muestra una creciente privación del acceso a derechos básicos para la vida, y una tendencia también creciente, orientada a reforzar las políticas represivas. Se envían las fuerzas policiales a ejecutar a los pibes, y promueven la violencia en la sociedad a través de oleada de pánico, generando acciones brutales como las denominadas “justicia por mano propia” que el lunes 27 marzo terminó con la vida de otro joven de 18 años (esta vez en Rosario) en manos de vecinos, que convertidos en asesinos, lo mataron a golpes ante la sospecha de haber cometido un arrebato de una cartera. No alcanza con que los funcionarios muestren “indignación” públicamente por estos hechos “aberrantes”, pues son ellos junto a los medios masivos de comunicación y su campaña por la “seguridad”, los que los propician.
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