31 de octubre de 2014

“CREO QUE HE VISTO UNA LUZ AL OTRO LADO DEL RÍO”


Los uruguayos han llevado adelante un debate profundo sobre la baja en la edad de imputabilidad para los más jóvenes.

Ese país vecino tiene actualmente (y mantiene después del triunfo del NO a la baja en el plebiscito de este último fin de semana) la edad de punibilidad en 18 años. Debajo de ese límite etario, los adolescentes entre 13 y 17 años cuentan con un régimen especial vinculado a sus responsabilidades ante la ley.

“Cualquier modificación a la legislación nacional que permita juzgar a menores de 18 años como adultos constituiría una violación a los compromisos asumidos por Uruguay ante la Convención de los Derechos del Niño” sostuvo la oficina de las Naciones Unidas en Uruguay, marcando la preocupación por la propuesta de bajar la edad de punibilidad. A lo que podríamos sumar que el problemas no solo está en pensar que los adolescentes estén juzgados por el mismo proceso que los adultos, sino que el principal problema es pensar que encerrando a los jóvenes a edades cada vez más temprana se resuelven los problemas de delitos propios de las sociedades capitalistas con altos niveles de desigualdad social.

El debate en Uruguay no fue muy distinto que los que se han dado en nuestro país al respecto, posiciones de derecha que abonan la teoría del “enemigo interno” personalizado por ese joven pobre-urbano y una fuerte lucha de organizaciones sociales, políticas, sindicales, que dieron el debate con profundidad sobre los problemas del delito que existen en nuestras latitudes, buscando el origen en las desigualdades sociales y no criminalizando la pobreza.

FALAZ es el argumento que sostiene que el delito aumenta de la mano de los más jóvenes, falaz es el argumento que sostiene que se resuelve con el encierro.

 La persecución de los jóvenes pobres, su estigmatización como delincuentes y la búsqueda de encierro como forma de control social está lejos, muy lejos de una sociedad que se precie de democrática, inclusiva y participativa.

En este camino saludamos el debate en Uruguay y festejamos el triunfo del NO a la BAJA.


Clavo mi remo en el agua
Llevo tu remo en el mío
Creo que he visto una luz al otro lado del río

(Drexler)

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18 de octubre de 2014

Verdad y Justicia por Luciano Arruga

COMUNICADO. El Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia, y la Juventud de la provincia de Buenos Aires expresa su respeto y solidaridad con la familiares de Luciano Arruga ante la identificación de su cuerpo y exige al Estado la urgente adopción de todas las medidas necesarias para conocer la verdad.

La aparición de su cuerpo enterrado como NN en un cementerio de la Chacarita, luego de ser atropellado por un vehículo en la vía rápida de la General Paz, según se consignó en la causa judicial,  abre muchos interrogantes que deben ser resueltos para “saber toda la verdad”.

Adherimos a las palabras de los familiares. La noticia representa un paso importante en la línea para saber qué pasó con Luciano, pero para nada borra los cinco años y ocho meses en los que los diferentes poderes del Estado maltrataron a la familia, ningunearon la investigación e intentaron ocultar el caso.

luciano arruga presenteEsta noticia se conoce ahora porque la familia insistió ante la Justicia con la presentación de un recurso de hábeas corpus para que se respete su derecho a la información, su derecho a conocer qué pasó con Luciano en enero de 2009, en medio del creciente hostigamiento de la Policía Bonaerense.

La decisión, casi seis años después, de cotejar huellas dactilares con personas no identificadas significó una puerta para saber, pero, al mismo tiempo, es la imagen de la indignación. Como dijo Vanesa Orieta, su hermana, “esto se podría haber resuelto antes”. Mucho antes.

Éste es un caso emblema de la violencia institucional, que a 30 años de democracia es inadmisible. Como hemos denunciando en varias oportunidades, hay muchos Lucianos, hay todavía muchos casos de gatillo fácil, muchos en los que las fuerzas de seguridad persiguen a los jóvenes de las barriadas populares sólo por su apariencia, prácticas que se deben extinguir.

Las palabras de Vanesa son elocuentes. La falta de información sobre Luciano representó hasta ayer “el poco valor que se le da a la vida de los pobres”. Persiste una mirada criminalizante y discriminatoria hacia los sectores populares, que muchas veces se traduce en la aplicación de políticas públicas de mano dura que castiga a los más débiles, mientras el verdadero delito se halla en las entrañas del mismo poder.

La identificación abre otra etapa El Estado debe dar cuenta de lo que no hizo y ponerse a la altura de las circunstancias para resolver qué fue lo que realmente le pasó a Luciano. Debe avanzar el jury de enjuiciamiento a los funcionarios que ´durmieron` la causa durante bastante tiempo, y garantizar que un hecho así no se vuelve a repetir. Por los familiares, pero también por la sociedad toda, por la plena vigencia de los Derechos Humanos.


Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la provincia de Buenos Aires – 10 años

1 de octubre de 2014

Encuentro nacional por la Niñez


El 24 de agosto de 2004 nació el Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la provincia de Buenos Aires. Una década después son varios los motivos para festejar, pero también muchos los desafíos por encarar.

“Derechos Humanos del Presente", "Niñez y Nutrición", "Niñez y Cultura Viva Comunitaria”, representan los ejes propuestos para discutir la agenda que viene, pero también, y fundamentalmente, la actual. Son ejes con los que se busca un nuevo acuerdo social y político, como el que se logró al momento de la fundación del Foro.

El Foro es una iniciativa que permite un trabajo de consensos sobre las políticas destinadas a la niñez, adolescencia y juventud de la Provincia, que reúne a Colegios Profesionales, Organismos de Derechos Humanos, Organizaciones de Trabajadores, Áreas Gubernamentales y Organizaciones Sociales, en la gestión directa del tema.

Para participar inscribite completando el formulario ingresando acá

Más info: Estela de Carlotto abrirá el Encuentro Nacional por la Niñez en noviembre clic aqui

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3 de septiembre de 2014

Las pequeñas víctimas del desalojo


Muchos de los niños que vivían en el barrio desalojado en Villa Lugano fueron alojados en paradores. Las topadoras arrasaron con sus útiles. El gobierno porteño no los asiste. Los horarios en los paradores los complican. Muchos debieron abandonar la escuela.


Por Carlos Rodríguez 


Desde el lunes 25 de agosto, después del violento desalojo del barrio Papa Francisco, en Villa Lugano, muchos de los niños que vivían allí con sus familias han dejado de concurrir a la escuela. En algunos casos porque fueron trasladados a paradores del gobierno porteño que quedan muy lejos de los colegios a los que asistían en forma regular. Los padres, que tuvieron que cambiar sus rutinas a partir de una expulsión que los llevó a vivir en condiciones más precarias de las que ya se encontraban, no cuentan con los medios necesarios como para trasladarlos dado que tienen que asumir el costo del viaje en dos o más medios de transporte público. Además, muchos de los chicos, durante el desalojo, perdieron útiles, delantales, ropa y zapatillas. “El Ministerio de Educación porteño se había comprometido a reponer esos elementos, pero no lo hizo y tampoco aportó vehículos escolares para facilitar el traslado de los alumnos”, le dijo a Página/12 María Florencia Gentile, integrante del Plenario del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Por otra parte, según denunciaron a este diario los vecinos que se encuentran todavía acampando en los alrededores del predio desalojado “algunas de las escuelas de la zona a las que concurren los chicos, tienen suspendidas las clases por decisión de sus autoridades, de manera que muchos están sin ir al colegio desde hace una semana”, sostuvo Clarisa, vecina del barrio y vocera de la Corriente Villera Independiente.

María Florencia Gentile, que es socióloga e investigadora en temas de infancia de la Universidad Nacional de General Sarmiento, visitó el viernes pasado el parador que el gobierno porteño tiene en la zona de Parque Avellaneda. Fue acompañada por José Machaín, también miembro del Plenario del Consejo. Ambos fueron designados por la Legislatura, Gentile por Nuevo Encuentro y Machaín por el Frente para la Victoria.

“Fuimos con José para ver cómo se encontraban las familias que están allí alojadas y, aunque no pudimos entrar al lugar, hablamos con algunas personas que salieron a conversar con nosotros.” Explicó que una de las mayores preocupaciones fue “saber cómo estaba la situación de los chicos y la escolaridad; nos dijeron que sus hijos no están yendo al colegio porque el gobierno porteño no puso en marcha ningún dispositivo para el traslado, teniendo en cuenta que desde el desalojo han quedado muy lejos de los establecimientos a los que concurren”.

“Algunos padres pueden trasladarlos en forma privada, con sus propios medios, pero otros no tienen los recursos económicos necesarios dado que tienen que tomar dos colectivos para llegar”, señaló Gentile. “Además, por si fuera poco, muchos de los chicos, en el desalojo, han perdido todo, los útiles escolares, los delantales y hasta las zapatillas, de manera que no están en condiciones de ir a la escuela, ni aún cuando tuvieran las facilidades de transporte.”

Puntualizó que se trata de familias “que han perdido todo, que ya vivían en situación de vulnerabilidad, pero ahora no sólo han perdido las viviendas precarias que tenían, sino también la ropa, todas sus pertenencias”. Las madres y padres con los que se entrevistaron Gentile y Machaín les comentaron que el Ministerio de Educación porteño, a cargo de Esteban Bullrich, se había comprometido “a enviarles zapatillas, útiles escolares y otros elementos, pero hasta ahora no recibieron nada; están en una situación de gran vulnerabilidad, no tienen nada, ni una tarjeta SUBE”.

Gentile estimó que, sólo en el parador de Parque Avellaneda hay unas 30 familias “cuyos hijos no están yendo a la escuela y que están corriendo el riesgo de perder el año escolar, si la situación en la que están sus familias se sigue manteniendo en el tiempo sin una solución”. Insistió en que “nadie del Ministerio de Educación porteño fue a verlos, a pesar de que ellos habían denunciado ante la cartera la situación en la que se encuentran. Es necesario que les entreguen los elementos que necesitan y que se disponga un micro para que puedan ir al colegio”.

Otra queja que recibieron tiene que ver “con una política de traslados de un parador a otro, que les produce una molestia adicional, porque tienen que andar trasladando de un lado a otro sus cosas”, aseguró Gentile. Agregó que algunas de las familias “había estado primero en el parador de Parque Chacabuco y después los llevaron a Parque Avellaneda, pero el viernes estaban otra vez diciéndoles que los iban a llevar de nuevo a Chacabuco, lo que hace que algunas familias se cansen y se vayan de los paradores”. Además de Parque Chacabuco y Parque Avellaneda, hay un tercer parador porteño, con desalojados, en Barracas.

“Y si ahora llevaron de nuevo a esas familias de Parque Avellaneda a Parque Chacabuco, van a quedar todavía más lejos de Villa Lugano y de la posibilidad de volver a enviar a los chicos a la escuela”, consideró la integrante del plenario del Consejo. “Muchas familias se cansaron y se fueron de los paradores, luego de recibir un subsidio que es una solución muy momentánea, porque no es un dinero que les solucione nada; ellos necesitan un lugar donde vivir. La gente se desgasta por lo que está pasando y se va de los paradores porque hay familias que tienen hasta cinco chicos y necesitan estabilidad.”

Un problema agregado es que en los paradores hay horarios estrictos para comer. “Por esa razón, los chicos que van a la escuela en el turno tarde, se tienen que ir mucho antes por el tiempo que tardan en viajar, de manera que tienen que irse sin comer, porque el horario establecido no concuerda con sus necesidades”, comentó Gentile. Explicó que los paradores porteños están previstos para asistir “a personas en situación de calle que tienen otras rutinas y que pueden adaptarse a los horarios establecidos para comer, cosa que no pueden hacer los chicos que van a la escuela”.

Por su parte, Clarisa, de la Corriente Villera Independiente, quien se encuentra asistiendo a los vecinos que siguen acampando sobre la avenida Cruz, confirmó que “muchos de los que al principio se fueron a los paradores, ya no están en esos lugares porque no tienen lo que necesitan; además, los que se fueron y después no encontraron un lugar donde estar, fueron rechazados cuando quisieron volver”.

Clarisa aseguró que “algunas escuelas del barrio donde iban los chicos, han suspendido las clases por la situación planteada por el desalojo, por decisión de sus directivos y algunos docentes, de manera que son muchos los chicos que dejaron de ir a la escuela” desde el lunes 25 de agosto. Sostuvo que “todas estas situaciones se tienen que visualizar para que se dé una solución, porque acá hay muchos niños y la gente está en la calle, peor que antes del desalojo”.


Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-254235-2014-09-01.html

29 de agosto de 2014

Subestación Rigolleau: Estudio de la UNLP expone a Juan Patricio Mussi en Berazategui

Compartimos con ustedes una nota realizada por INFOCIELO sobre la presentación del Estudio Epidemiologico elaborado por la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP.

Subestación Rigolleau: Estudio de la UNLP expone a Juan Patricio Mussi en Berazategui

Desde hace varios años la subestación eléctrica instalada a pasos de casas en el distrito es resisistida por una amplía cantidad de organizaciones sociales que ahora sumaron el respaldo de un informe que da cuenta de los riesgos. Las posibilidades de contraer cáncer y el antecedente de la Subestación Sobral de Ezpeleta.

A contramano del interés que desmuestra en las problemáticas de los lugares que visita, el intendente de Berazategui, Juan Patricio Mussi, lanzado a la carrera por la Gobernación, se mantiene indiferente a un reclamo de vieja data en su distrito: el funcionamiento de una subestación eléctrica a pasos de casas, en medio de advertencias de los riesgos para la salud humana.

La cuestión son los campos electromagnéticos. Desde que se anunció su construcción, cerca de 2005, los vecinos se pusieron en la alerta sobre la base de un antecedente certero: la subestación Sobral de Ezpeleta, en Quilmes, conocida por el “mapa de la muerte” que rodea su entorno a partir de la reiteración de muertes por cáncer a traves de los años.

Un reciente informe epidemiológico elaborado por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) daba cuenta que las personas que viven en torno de la Subestación Sobral tienen un riesgo 6,9 veces más de contraer cáncer que las que viven en torno a la Subestación Rigolleau, antes que la planta comenzara a funcionar en mayo de 2012.

Pero no es el único dato. Existen también 3 veces más posibilidades de contraer enfermedades neurológicas y neurosíquicas en Ezpeleta que en el otro barrio tomado como “control”, según el estudio. Para los especialistas, lo que puede incidir en ese riesgo es la subestación en funcionamiento.

“Los resultados indican que algo está pasando y pareciera ser que pueden ser los campos electromagnéticos” afirmó a INFOCIELO, Leda Gianussi, doctora en Ciencias Químicas y toxicóloga de la Facultad de Ciencias Exactas, quien presentó el trabajo, respaldado por las autoridades de la casa de estudios.

Para Gianussi, el informe sienta un precente para alentar la lucha de las organizaciones sociales que pugnan por la relocalización de la Subestación Rigolleau y, en paralelo, de la Sobral. En ese sentido, citó el principio precautorio en cuestiones ambientales, según el artículo 28 de la Constición Provincial y el 41 de la Nacional.

Con una presentación judicial en marcha y el respaldo de distintos sectores académicos, el municipio de Berazategui resta importancia desde hace tiempo a los temores de los vecinos tras una cuestionada autorización judicial e, incluso, según denuncian vecinos, comenzó a hostigar a varios asambleísticas en contra de la subestación.

Por la lucha de la subestación hubo denuncias de represión en la Municipalidad de Berazategui luego de una movilización realizada por distintas organizaciones y hasta se llegó al sitiamiento del barrio donde está emplazada la subestación, con cientos de efectivos policiales para asegurar la finalización de sus obras.

Mientras diferentes estudios alertan por consecuencias negativas en la salud ante la exposión a campos electromagnéticos, el municipio se mantiene indiferente escudado en la autorización legal. “Confíen en mí, que bajo ninguna circunstancia pondría en riesgo la salud de mi pueblo” afirmó Juan José Mussi en un comunicado oficial, ex intendente y entonces al frente de la cartera ambiental.

Cuando su hijo tomó la posta repitió el accionar. “Cuando te sentas con un ingeniero o un médico te explican que es más peligroso tener un celular en el oído que un cable de alta tensión”, afirmó en 2011 e, incluso, consignó que los casos de cáncer en Ezpeleta “no tienen ninguna relación con la Sobral”.

Si bien Mussi se ampara en el acatamiento de un fallo judicial, los vecinos sostienen que en tiempos de esa primera causa judicial, les aseguraba que si el fallo era favorable a Edesur, iba a apelar a foros internacionales. Hoy el gobierno comunal en cambio, dice que los vecinos están “desinformados” y “agitados” por sectores de la oposición.

En frente, un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2005 sostiene que existe evidencia de “leucemia infantil” en casos de exposición por encima de las 0,3 microteslas, que es la unidad de radiación. A partir de esa situación, la Asamblea Ambiental No a la Subestación Rigolleu exige que se aplique el principio precautorio en derecho ambiental.

Realizado a solicitud de los vecinos, el informe de la Facultad de Ciencias Exactas recomendó no habilitar el funcionamiento de subestaciones y cableados de alta tensión a menos de 200 metros de los moradores del lugar; no habilitar el funcionamiento de usinas eléctricas y cableadas que impacten con más de 0,3 µT (microteslas) sobre la población allí residente, rediseñar el plan de abastecimiento eléctrico para las zonas que requieran de relocalizaciones de subestación y cableados para evitar la contaminación, enfermedad y muerte de los habitantes.

Historia de un conflicto
La presentación del informe “Sobre el impacto de CEM – FEB (campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja) de redes de distribución eléctrica” vino a dar sustento científico al mapa de la muerte que vecinos conforman desde hace años en torno a la Subestación Sobral. Y, a la vez, vino a respaldar la lucha de los vecinos que, temerosos de repetir el panorama de Quilmes, se oponen al funcionamiento de la planta de Rigolleau.

Promovida por la firma EDESUR, la planta cuenta con el apoyo del Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) dependiente del Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio de Vido, organismo que no ha respondido distintos requerimientos de las organizaciones e incluso de la propia Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Desde que se anunció su instalación, el municipio, a cargo de Juan José Mussi –quien luego se convirtió en Secretario de Ambiente de la Nación– pasó de frenar su construcción por ordenanza, presionado por la movilización social, a habilitar la continuación de las obras, amparado en una decisión de la Justicia y rechzar la luchar de los vecinos.

La Justicia Federal La Plata determinó la viabilidad del proyecto luego de un informe de la facultades de Medicina e Ingeniería de la UNLP en la que se señaló que no había diferencias entre el barrio de la Subestación Sobral y otro tomado como “control”, Villa España. No obstante, el estudio aún es cuestionado por los vecinos e, incluso, desde la Facultad de Ciencias Exactas se precisó la necesidad de encarar uno nuevo, que ahora se agrega a una nueva causa judical en marcha.

A raíz del caso, comunidades de todo el país, afectadas o preocupadas por la instalación cerca de sus casas impulsaron en la Camara de Diputados de la Nación el proyecto de ley “de Presupuestos Mínimos de protección a los campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja para el transporte eléctrico de media y alta tensión”.

A su vez, en la provincia de Buenos Aires, el vicegoberanador Gabriel Mariotto presentó en 2013 un paquete de leyes ambientales, entre los que figura uno que establece requisitos mínimos de protección para evitar, reducir y controlar su exposición a los campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja producidos por el Sistema de Transporte Eléctrico de Media y Alta Tensión.

Ver nota original acá