Compartimos
con ustedes una nota de Norberto Alayón - Profesor
Titular Regular, Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
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LOS NIÑOS DE SCIOLI
Daniel Scioli es el gobernador de la provincia de Buenos
Aires, la más importante de la Argentina. Junto a Ricardo Casal, su ministro de
Justicia y Seguridad, promueve una rigurosa ley para limitar las
excarcelaciones por portación ilegal de armas, manifestando -a la vez- una
marcada preocupación por los “menores delincuentes”.
Scioli supo expresar que su gobierno está trabajando
“para que el Estado llegue antes y no después”. Agregando que “si una provincia
no cuida a sus chicos, pensar en un futuro es una utopía”.
Tiene razón, por cierto, el gobernador con la
aspiración de “llegar antes” y con la aseveración de la necesidad de “cuidar a
sus chicos”. Pero, sin embargo, esas declaraciones se contradicen
brutalmente con la práctica concreta que despliega en el campo de la infancia y
la adolescencia.
La provincia cuenta, en su extenso territorio, con
centenares de Centros de Día y de Hogares convivenciales que deben albergar a
niños y adolescentes “de la calle”, que pasaron por instituciones diversas, con
débiles o inexistentes redes familiares, habiendo sufrido violencia física y,
en muchos de los casos, aberrantes vejaciones y abusos sexuales.
Estos niños y adolescentes son destinatarios de un
programa de becas que les permite su inserción, alimentación y contención en
los mencionados centros y hogares infantiles. Pero, ¿cómo se patentiza la
visión dual entre el discurso y los actos de gobierno, tornando en
irreconciliable y flagrante la contradicción entre las palabras y los
hechos? Se logra de una manera atrozmente sencilla: no abonando en
término las becas otorgadas a esos niños.
Muchos de dichos Centros, conducidos por distintas
organizaciones de la comunidad en sus respectivas localidades, que tienen
convenios con el gobierno provincial para la transferencia de los recursos (es
decir el pago de las becas), corren el riesgo de cerrar e interrumpir su
labor ante las prolongadas demoras del gobierno en cancelar los montos
acordados.
Y es que la subsecretaría de Promoción y Protección de
Derechos de Niñez y Adolescencia de la Provincia, a cargo de Sebastián Gastelu,
no les giró los recursos pertinentes, correspondientes al quinto y sexto
bimestre de 2012 y al primero de 2013. De este modo, resulta objetivamente
imposible garantizar la promoción y la protección de los niños, y entonces las
palabras y los exultantes deseos se transforman en vacuas y falsas
formulaciones, vulnerando precisamente los derechos elementales de estos niños.
¿Qué acontecerá con esos niños y adolescentes si
cierran algunos de esos Centros de contención? ¿Volverán a “la calle”?
¿Volverán a ser objeto de nuevas violencias y abusos sexuales? ¿Cuál es el
concepto de prevención que rige en las autoridades del gobierno provincial,
habida cuenta de las dilatadas demoras en pagar las becas para la atención de
los niños? Lo seguro es que se incrementará su vulnerabilidad y el Estado
provincial, de este modo, terminará “llegando después” y no “antes”,
precisamente a la inversa de lo que el gobernador Scioli decía que iba a
garantizar.
Los sectores sociales más vulnerados, ante la ausencia
de oportunidades, son virtualmente impelidos a la degradación y a la
delincuencia y luego son los más severamente castigados, configurando un férreo
“círculo vicioso”, acerca de lo cual la sociedad no puede eximirse (cándida o
hipócritamente) de responsabilidad.
Cabe que nos interpelemos acerca de qué tipo de
sociedad estamos construyendo, para que luego, cuando estemos frente a la
terrible desgracia de que un niño o un adolescente agreda a otra persona, no
salgamos despavoridos a buscar razones biológicas o genéticas en los “niños
asesinos”, a tratar de penalizarlos más severamente o a intentar bajar la edad
de imputabilidad para esos delitos.
La delincuencia y los delitos se construyen
socialmente y luego, sólo en el eslabón más débil de la cadena (es decir, en
los pobres) se aplican los castigos individuales, como una mágica creencia de
haber solucionado el mal o para aliviar nuestra conciencia por lo que no
hicimos oportunamente para prevenir.
Por eso la prevención, que requiere de activas
políticas públicas -tanto globales como puntuales- debe asumirse como el
instrumento más idóneo para la disminución de la violencia.
Cuando el gobierno de Scioli no paga las becas, en
tiempo y forma, para “cuidar a los chicos”, está contribuyendo objetivamente,
más allá de los discursos, a que el “Estado llegue tarde” y a alejarse
suicidamente de la prevención como el mecanismo más apto para enfrentar las
diversas y complejas problemáticas sociales.
Buenos Aires, abril de 2013.