COMPARTIMOS CON USTEDES LA DECLARACIÓN DEL OBSERVATORIO
Y EL GESPYDH CONTRA LA BAJA DE IMPUTABILIDAD.
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"En
los últimos años, en diversas oportunidades y ante embestidas punitivas contra
los más chicos, hemos expresado nuestra posición contundente y fundamentada de
oponernos a la baja en la edad de imputabilidad que rige actualmente en nuestro
país. Hoy volvemos a expresarlo, como aquellas otras veces, a partir de
estudios contundentes y datos empíricos que permiten un análisis serio,
reflexivo y no especulativo o coyuntural.
En
todos estos años, hemos demostrado cómo aquellas posturas favorables a la baja
de edad de imputabilidad penal, fueran ellas de manufactura progresista o marca
registrada de un populismo punitivo, basaban sus discursos en anclajes
ideológicos, apelando a la sensibilidad punitiva exacerbada por la criminalidad
mediática, pero sin sustento empírico alguno. Por ello, opusimos la
contundencia del dato y de la investigación empírica seria que demostraban que
las tasas de delitos cometidos por personas menores de edad no habían crecido,
y que los delitos “más temidos” y más utilizados para generar mecanismos de
“alarma social” eran (y son) un porcentaje ínfimo del total de causas abiertas
contra niños, niñas y adolescentes.
A
partir de nuestro trabajo permanente y actualizado hoy podemos sostener que las
causas abiertas en los fueros específicos de niños, niñas y adolescentes en
materia penal en la Provincia de Buenos Aires, no han subido
significativamente en los últimos años, incluso el guarismo alcanzado en el 2012
en el mejor de los casos retrotrae los valores al año 2007, año anterior a la
implementación a la reforma, y que de ningún modo supera la marca del año 2006.
Es
decir, en la Provincia de Buenos Aires, tampoco las estadísticas reflejan “el
alarmante aumento de la delincuencia” que es pregonizado por el campo mediático
y político, sustrato y argumento de la baja en la edad de imputabilidad
penal. Tal como demostramos en el informe sobre el funcionamiento de la Justicia de Menores
en la Provincia de Buenos Aires 2000-2012, una reconstrucción del
funcionamiento de la justicia de menores de la PBA en lo últimos años, muestra
que desde 2003 hasta 2012, las causas por delitos contra la propiedad, han
descendido, y también los homocidios:
-
Los delitos contra la propiedad registraron en el año 2011 el guarismo más bajo
de toda la década.
-
Las lesiones expresan fluctuaciones, no obstante lo que podría leerse como una
tendencia en alza en los últimos dos años, no hace sino retrotraer la situación
a los años 2005 y 2006, por debajo aun del año 2004, marca más alta de todo el
período.
-
Los homicidios, si bien han subido entre el año 2009 y el año 2011, no
constituyen los puntos más altos de la serie; no constituyen de ningún modo un
alarmante e inusitado aumento nunca antes experimentado. De hecho, en 2003 y
2004 hubo un registro mayor de “homicidios”, que fueron encausados y atendidos
por medidas distintas del endurecimiento del sistema penal. En 2012 volvieron a
bajar, por lo que es imprescindible seguir exhaustivamente la evolución de esta
variable.
-
En el 2003 se iniciaron causas por 426 homicidios, y en 2012 fueron 262.
-
En el 2003 se iniciaron causas por 9889 robos, y en 2012 fueron 7232.
(Fuente:
elaboración propia en base a datos dela Oficina de Estadísticas dela
Procuracióndela Suprema Cortede PBA (2003-2008 primer semestre); OSL, segundo
semestre 2008, y Procuración General (SIMP)2009 a2012.)
Haciendo
oídos sordos de la realidad y centrados en la campaña electoral, la edad en que
los chicos deben ser juzgados penalmente vuelve a ponerse como tema central de
debate para la sociedad, vuelve a presentarse de parte de las fuerzas
hegemónicas políticas y mediáticas, como “EL TEMA QUE MÁS PREOCUPA A LA GENTE”.
Y se lo hace nuevamente con un nivel mediocre de argumentos y en base a datos
mentirosos. Lo que se busca es encender nuevamente la alarma social que
sostiene que los chicos pobres urbanos son los peligrosos, que de ellos hay que
defenderse y que la mejor resolución es encerrarlos cada vez más temprano.
Se
le miente a la sociedad construyendo discursos agoreros de mano dura para
evitar que los chicos “entren por una puerta y salgan por otra”, curioso es que
entonces en los últimos relevamientos de institutos de menores de la Provincia
de Buenos Aires se hayan hallado chicos de 14 y 15 años, bajo figuras de dudosa
legalidad, chicos que entraron por una puerta y no salieron por ninguna otra,
chicos a los cuales les son vulneradas todas sus garantías democráticas. Chicos
que sin ser encontrados efectivamente responsables de ningún delito, viven un
nuevo golpe del Estado contra ellos, el que se suma y pondera todas las otras
vulneraciones que el Estado no atendió previamente. (Daroqui, A.; López, A. L.
y Cipriano García, R. -coord.- (2012). Sujeto de
castigos. Hacia una sociología de la penalidad juvenil. Rosario:
Homo Sapiens Ediciones).
Tanto
en los debates del año 2009 como 2011 hubo un denominador común, que era la
elección mediática de algún caso de delito cometido por chicos menores de 18
años y en especial entre 14 y 15 años, para instalar en la agenda pública y en
primera plana la necesidad de bajar la edad de imputabilidad de 16 años, como
rige actualmente, a 14 años.
Esta
vez, no hubo ningún episodio escabroso que activara el debate por la baja de la
edad de imputabilidad penal. Pura especulación electoral en un territorio que
los candidatos disputan por quién demuestra el discurso más duro contra la
“inseguridad” y contra los “delincuentes”. Un territorio donde la “protección
de los derechos” paga menos que la represión despiadada y el gatillo fácil,
como lo han demostrado en forma contundente el fallo de absolución del agente
del GEOF que mató al adolescente Tapia a sangre fría en un allanamiento, la
muerte de la joven Soledad Bowers por un “error” en la puntería de un agente de
la policía bonaerense y, en contraste, la nula preocupación de los intendentes
y candidatos de las fuerzas mayoritarias enla Provinciade Buenos Aires para
poner como primer tema de agendala IMPERIOSA NECESIDADde que en los municipios
bonaerenses se cumpla con la ley de promoción y protección de derechos, puesta
en vigencia hace ya 7 años, en los cuales se ha avanzado poco y nada en generar
los dispositivos tendientes a garantizar el pleno goce de derechos de los pibes
en la provincia, la protección de los mismos niños, niñas y adolescentes que
más adelante serán “carne fresca” para alimentar al insaciable sistema penal.
Sin
embargo no es éste el tema de agenda, el tema propuesto es: neutralizar a los
jóvenes pobres, cómo ponerlos dentro de muros donde no se los vea, desde donde
no puedan salir a atentar contra la propiedad privada de los que tienen algo
que perder.
Asistimos
a un debate espurio que invierte los términos de la ecuación que se proponía,
cuando menos a nivel declarado, la sanción del Régimen de Responsabilidad Penal
Juvenil: más castigo y menos “garantías”. Un debate que estratégicamente
soslaya qué implica la imputabilidad en términos materiales -hoy,
ahora- para los jóvenes: la captura violenta y selectiva de una población que
sólo es alcanzada por el brazo punitivo del Estado, lejos de la “promoción y
protección” postulada discursivamente. Un debate que en vez de atender a la
responsabilidad del Estado en la situación de (sobre) vida de los niños y las
niñas de nuestros barrios, propone correrlos de la escena ofreciéndoles esa materialidad
penal. Mientras no se sostengan sobre diagnósticos serios, seguiremos
asistiendo a estos debates falaces que no hacen más que profundizar la
vulneración de los más chicos.
Paradojas:
Es
curioso que el tema se instale en paralelo con el fallo vergonzoso del tribunal
oral Nro. 11 de CABA en el cual se absuelve al ex oficial de grupo GEOF que
mató a sangre fría a Alan Tapia en un allanamiento en Bario Mitre, siendo
fundamentos del fiscal para el pedido de absolución que se considere que el
procedimiento no se había realizado “en Puerto Madero o las islas Seychelles,
sino enla Villa Mitre”.
En
paralelo se denuncia el homicidio por parte de un oficial de la bonaerense de
Soledad Bowers, una joven que esperaba entrar a un restaurant en la ciudad deLa
Platacuando el disparo del policía le perforó su estómago. El oficial perseguía
a unos chicos que se presume habían cometido un robo. Un tiro por la espalda
propinado a un chico que corría, le erró al blanco (la espalda del joven), y
fue a dar al estómago de Soledad Bowers. El objetivo de matar se realizó; la
variación estuvo en la víctima fatal.
Y
la frutilla del postre en la misma semana, el Gobernador Bonaerense Daniel
Scioli anuncia el desdoblamiento del Ministerio de Justicia y Seguridad dejando
en este último al actual intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, el mismo que
hace dos años atrás decía que “estamos en una guerra, o los matamos nosotros o
nos matan ellos” y que implementó para el gobernador un “exitoso” sistema en
Ezeiza, bajo el nombre “tolerancia cero a la delincuencia”.
El
oficialismo ofrece un modelo de más cámaras de seguridad, más policía y vuelve
a poner en forma ostentosa a la gendarmería en las calles bonaerenses, mientras
que el principal “opositor” muestra su municipio como emblema de seguridad
también con sistema de cámaras de seguridad y militarización de los espacios
públicos. Dentro de sus puntos de coincidencia está el de generar alarma social
para luego aplicar mecanismos de control represivos sobre los jóvenes pobres de
la provincia.
De
la derecha punitiva, de la cual Granados es fiel exponente, no nos
sorprende tal afirmación y campaña de “mano dura”, pero es hora indispensable
que se sinceren esas otras miradas que bajo formas “progresistas” avalan los
mismos mecanismos represivos contra los más vulnerados.
Otra
vez sobre argumentos falaces se erigen posturas perversas:
Nosotros
sabemos y “ellos” también que
no se puede considerar que las garantías y el respeto a los derechos de los más
chicos recién se consumen una vez cometido un delito y que el ingreso al
sistema penal signifique el comienzo de una
vida plena como “sujeto de derechos”.
Nosotros
sabemos y “ellos” también que
en los últimos años, los operadores del sistema penal, de amplios sectores
políticos y de medios de comunicación, amparados en el paradigma de la
seguridad-inseguridad, con claros criterios de “defensa social”, han construido
casi excluyentemente un solo “enemigo interno”: los adolescentes y jóvenes
varones pobres.
Es
falaz y perverso porque nosotros sabemos… y “ellos” también, que los únicos recursos disponibles en el presente para
abordar la problemática de los adolescentes y jóvenes que ingresan al sistema
penal son las instituciones de encierro, que las nuevas leyes de infancia,
nacional y provinciales, no han sido ejecutadas con los recursos materiales y
humanos necesarios para disponer de alternativas a la privación de la libertad.
Reiteramos
y sostenemos:
Que
el sistema penal no garantiza ni repara, sino que castiga y profundiza la
exclusión social.
Que
no se resuelve el problema del delito, la violencia y la inseguridad bajando la
edad de imputabilidad de los más chicos, como tampoco lo ha resuelto con los
que ya son punibles a pesar de promover un crecimiento exponencial del sistema
penal con: la creación de juzgados, fiscalías, tribunales orales, cámaras, el
aumento sistemático de efectivos policiales con facultades cada vez más
‘amplias’ y por supuesto con sus recursos materiales, el impactante crecimiento
de plazas carcelarias y de institutos, el uso extorsivo del juicio abreviado,
los límites a las excarcelaciones, el uso abusivo y generalizado de la prisión
preventiva, los malos tratos y torturas y las ejecuciones sumarias de las
diversas agencias policiales.
En
este sentido, expresamos:
Las
garantías y respeto de los derechos fundamentales se sostienen a partir del desarrollo a mediano y a corto
plazo de políticas económicas y sociales distributivas que se direccionen hacia
la disminución drástica de la pobreza y la indigencia de los niños,
adolescentes, jóvenes y sus familias y con programas de asistencia y contención
que aborden con carácter urgente problemas graves que los afectan.
Nuestro
absoluto rechazo a los nuevos avances para bajar la edad de imputabilidad,
afirmamos nuestra convicción de la necesidad de un Régimen Penal Juvenil que
contenga los principios fundantes de un derecho penal mínimo en el marco
de un estado social para todos.
OBSERVATORIO DE ADOLESCENTES y JÓVENES Y GRUPO DE ESTUDIOS
SOBRE
SISTEMA PENAL Y DERECHOS HUMANOS (GESPyDH)
Instituto de Investigaciones Gino Germani –
Facultad de Cs. Sociales – UBA
Alcira
Daroqui, Silvia Guemureman, Ana Laura López, Karen Jorolinsky, Nicolás Maggio,
Denise Fridman, María del Rosario Bouilly, Julia Pasin, Hugo Motta,
Florencia Graziano, Carlos Motto, Jimena Andersen, Mariana Liguori, Pillar
Fiuza, Vanesa Salgado y Natalia Debandi."
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