15 de abril de 2014

El tramposo cuento de la buena pipa. Una nueva embestida contra “esos” jóvenes.


Hace escasos 10 días emitíamos un comunicado repudiando las declaración del intendente de Florencio Varela (PBA) Julio Pereyra sobre la necesidad de encerrar a los niños que presenten “mala conducta”, al mismo tiempo que el Ministro de Seguridad, Alejandro Granados, intentaba reincorporar a la fuerza policial a los ocho efectivos acusados de desaparecer a Luciano Arruga, un adolescente de 16 años que se negó a robar para la policía. Hace solo 10 días aparecían también en los titulares de los diarios “los linchamientos” eufemismo elegido para hablar de homicidios en banda, de la exacerbación de la sed de venganza aun no sublimada por el derecho.

No es nueva la construcción del sintagma joven-pobre-delincuente en nuestra sociedad, construcción mediática y política del joven de clases populares como “peligroso”, como ese “enemigo interno” del cual hay que cuidarse, al cual hay que neutralizar porque es el culpable del principal mal de la sociedad: la inseguridad. Esta también es una construcción mediática de las más eficaces de los últimos tiempos.

Se lanza una cruzada por la SEGURIDAD, un concepto que vaciado de su contenido social se circunscribe y se asimila a la in/seguridad delictiva, aquella que protege bienes jurídicos supremos como la propiedad privada y la vida. Ya no se habla de vivir seguros, de comer a diario, de ser educados, de ser respaldados por el Estado y no violentados por sus fuerzas represivas. Ya no se habla de esas “seguridad perdidas”, se habla del bien preciado dela SEGURIDAD INDIVIDUAL, aquella que adquiere un valor de mercado y, en tal sentido, participa de la lógica de la demanda y del consumo.

Leer nota completa:

El gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió declarar la “emergencia en seguridad”, con el objetivo de “aplicar todo el peso del estado sobre los delincuentes”, pero OTRA vez esta declaración se configura como una declaración de guerra hacia aquellos a los que se constituye previamente como enemigos reeditando el constructo que remite la seguridad a la posesión de bienes y la vida de las personas que los detentan. No es una emergencia de la seguridad de todos. Pues si hablaran de la seguridad vinculada al derecho humano universal e intransferible a la vida invertirían los 600 millones de pesos solicitados para esta emergencia provincial en becas para los chicos, en programas sociales de la provincia, recursos para los servicios zonales de promoción y protección de derechos y centro para las adicciones; organismos al borde de la extinción por falta de recursos. En cambio, la figura de la emergencia permite, saltando al parlamento y sin licitaciones previas, invertir una partida de dinero extra y especial para paliar la “situación”: a los 1.100 millones de pesos que tenía el ministerio de seguridad provincial como presupuesto 2014 se suman ahora 600 millones más, invertidos en nuevos patrulleros, 15.000 agentes reincorporados a la fuerza, chalecos antibalas y municiones. (Ver nota APE “Las emergencias del Gobernador”)

La seguridad se convirtió en “emergencia” y nuevamente una triste “coincidencia”, declaraciones del secretario de niñez de la provincia de Buenos Aires, Pablo Navarro, sobre la necesidad de debatir un régimen penal juvenil que incluya rever la edad de punibilidad de los jóvenes, en honor a darle a los chicos un juicio justo, otra vez empiezan por atrás. Es perverso pensar que hay que esperar el encierro para garantizar los derechos de los más jóvenes. Es falaz el argumento y nuevamente se esconde la embestida contra los adolescentes pobres, los que pasan de la situación de vulnerables susceptibles de reparación estatal y políticas públicas, sin solución de continuidad a productores de inseguridad y enemigos públicos.

Desde el 2004 en adelante, leyes Blumberg de por medio, se ha endurecido el sistema penal sobre los jóvenes mayores y menores de edad, se han construido nuevas cárceles y aumentado en forma sostenida el número de presos, sin embargo estamos en “emergencia en seguridad”. Ninguna de las medidas tomadas por esa “reforma del espanto y el clamor público”  ha logrado revertir lo que ya para entonces, en ese otro contexto que alentó aquella otra declaración de emergencia en seguridad en la provincia de Buenos Aires, era la situación caótica, y de alarmante crecimiento de la delincuencia e inseguridad delictiva. Una vez más, el sistema penal, el endurecimiento de las penas, la masiva prisionizalición, la prisión preventiva utilizada a mansalva; no lograron contrarrestar la situación ni disminuir la situación de pánico social ni la sensibilidad expresada ante el delito. Una vez más, el sistema penal conforme a los objetivos declarados, fracasó. (ver informe sobre funcionamiento del fuero penal juvenil en PBA)

¿Será que en materia de política criminal llenar las cárceles de pobres no es la solución? ¿Será que llenar las cárceles de pobres es una política de control social represivo sobre las clases populares, pero no así la solución a los problemas de delitos que se cometen en una sociedad?

Otra vez bajo maquillaje progresista se intenta avanzar en políticas más represivas. Otra vez en honor a cuidar a estos jóvenes descarriados de la propia furia de la población (previamente alentada por mecanismos de pánico y alarma social) proponen como solución capturarlos desde el Estado. Así otra vez se propone un debate falaz sobre la edad de punibilidad de los chicos como tema central, sin debatir un sistema de responsabilidad penal juvenil pensado en claves de política criminal y no como herramienta para reprimir aquello que la política social no supo incluir. El círculo se cierra otra vez, sobre esos mismos jóvenes que Pereyra, atrasando un siglo quiere enviar a reformatorios y el gobernador bonaerense y sus funcionarios, en este siglo, quieren encarcelar de algún modo, bajo la trampa del “abrigo”.

Es repudiable que un gobierno provincial con enorme déficit en materia de políticas sociales esté delineando y financiando medidas para encarcelar o reprimir a una parte de su población en lugar de pensar como incluir a todos los habitantes en el contrato social que permita el crecimiento de una sociedad democrática y SEGURA.

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Lectura recomendada:

A propósito de linchamientos, pena de muerte y falsa solución de problemas, para reflexionar invitamos a lectura de “Diálogo sobre la pena capital”, de Umberto ECO. Un imperdible material en el que el autor en breves páginas pasa revista al debate actual: la inseguridad, la venganza,  la justicia, el talíón, la retribución, la expiación, la legítima defensa…. Eco pone en tensión las posiciones y muestra sus límites y sus contrasentidos. ¿El hombre puede ser utilizado como medio? ¿El que comete un delito es menos hombre que los demás? y se inquieta e interpela: “(…) quienes estén dispuestos a considerar a este hombre menos hombre, se muestran en cambio implacables contra las prácticas abortivas, alegando que un ser humano es siempre un ser humano, aún cuando sea todavía la propuesta de un feto. No es esto una contradicción”


Observatorio de Adolescentes y Jóvenes
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