Por un lado la convocatoria catamarqueña para la escuela infantil de policías. Una convocatoria para niños y niñas de entre 6 y 14 años “que quieran elevar el espíritu patriótico y cultural”, una propuesta de recreación y educación en “derechos” realizada desde la policía, una fuerza de seguridad, creada para garantizar el orden en la vía pública. Una oferta de este tipo es síntoma de la falta de espacios de recreación y educación con verdadera perspectiva de derechos. Estas políticas debieran impulsarse desde los órganos del Estado que son quienes deben velar por que todos sus ciudadanos gocen de los derechos que les asisten.
La escuela estatal fue tradicionalmente la institución donde se compartían y construían los valores que estimábamos necesarios para la vida en sociedad. En el estado actual de la educación pública, con presupuestos paupérrimos, y atada a viejos modelos educativos en crisis, no es casual que se busque la salida fácil y aparezcan las fuerzas de seguridad a dar lecciones sobre valores.
Necesitamos espacios donde los niños y niñas sean protagonistas, donde se expresen y sean ciudadanos plenos, que podamos aprender de ellos y con ellos a construir una mejor sociedad. Necesitamos garantizarle el derecho a jugar, a ser oídos, a estar en el seno de una familia, garantizar el goce y ejercicio de todos sus derechos construyendo así una verdadera democracia y no la mera reproducción del “orden”. Que insistimos, es un orden en crisis.
En la otra punta de la cadena punitiva, que empieza con la policía, está la brutalidad a la que son sometidos los adolescentes que captura el sistema penal. El encierro es sinónimo de mala alimentación, frio, aislamientos y otros tipos de torturas físicas y psíquicas, sin que aparezcan más que tenues esbozos de una “medida socioeducativa” según los mandatos constitucionales.
La ausencia de políticas de Promoción y Protección de Derechos, las trabas para el cumplimiento de las normas que protegen a nuestra Niñez, son una decisión política de un Estado que busca achicar su faceta social aumentando la faceta represiva, un estado de policía que avanza sobre el Estado de Derecho en una zona que a todas luces le esta vedada.
La precarización de quienes trabajan en áreas abocadas a la niñez; la falta de programas y planes para abordar de manera integral y universal las políticas; la complicidad de quienes convalidan o banalizan que para ciertos sectores el Estado sólo intervenga en su faz represiva, que “llegue tarde”, son un caldo de cultivo para que se agudice un proceso en el cual el Estado se aleja cada vez más de las conquistas que supimos construir.
Es imprescindible que se asegure a lo largo del país un Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos, que logre articular las diferentes esferas del Estado. Es impensable que por el desglose de competencias y funciones, quienes son responsables se pasen la pelota, sin intervenir; o que excusándose en una mal entendida corresponsabilidad tiren la pelota afuera de la cancha. Tienen que funcionar efectivamente espacios como el Consejo Federal de Niñez, y Adolescencia y la Comisión Interministerial en la provincia de Buenos Aires.
Sabemos de los problemas viejos y heredados, pero no aceptamos que la falta de inversión en políticas sociales tenga como correlato un empoderamiento de las políticas represivas/punitivas.
Foro por los derechos de la niñez, la adolescencia y juventud de la provincia de Buenos Aires
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