Compartimos
con ustedes una nota del periodista Horacio Cecchi publicada en el diario Página/12
del día 23/05, acerca de las denuncias presentadas por el defensor
oficial juvenil, Julián Axat, sobre la actividad de civiles armados, el
accionar policial y el abandono del estado en el caso de 6 homicidios de niños
entre 11 y 17 años.
DENUNCIAN ANTE LA SUPREMA CORTE EL
FUSILAMIENTO DE CHICOS EN LA PLATA
El ejército de las sombras
A partir de
seis homicidios de chicos de entre 11 y 17 años, en La Plata, el defensor
juvenil Julián Axat denunció ante la Corte la persecución policial, la
actividad de civiles armados y el abandono del Estado, en casos calcados.
El crimen de un chico de
16 años, Bladimir Matías Garay, baleado el sábado pasado en La Plata, determinó
la presentación ante la Suprema Corte bonaerense de un pedido de investigación
de una seguidilla de asesinatos semejantes de adolescentes, todos perseguidos
en los papeles o en las sombras por la Bonaerense, lo que ya indica un registro
de alarma. Algunas muertes fueron justificadas como enfrentamientos por las
autoridades policiales, sin que la Justicia iniciara una investigación (sobre
las actividades del brazo armado de la ley); otros, simplemente aparecieron
fusilados en descampados, sin que se sepa (ni se quiera saber) quién o quiénes
participaron en esos crímenes. Una especulación no lejana a la historia
reciente trabaja sobre la existencia de escuadrones parapoliciales de la
muerte, tal como se comprobó en la zona de Don Torcuato. Un fiscal platense ya
llevaba adelante una investigación al respecto. Otra posibilidad planteada es
que grupos de vecinos armados hayan tomado justicia por mano propia. La
denuncia, realizada por Julián Axat, quien fue defensor oficial de todos los
casos presentados, busca determinar responsabilidades tanto directas por los
crímenes, cuanto por abandono previo del Estado.
La denuncia es gravísima, porque se trata
de chicos de entre 17 y 11 años, y peor porque esas muertes están
naturalizadas. De hecho, son conocidas por la Justicia, pero inmunes a sus
investigaciones, si es que son investigadas. El texto de Axat sostiene que
“desde hace menos de un año a la fecha, en esta ciudad de La Plata, han venido
ocurriendo distintos hechos que tienen como víctimas a niños-adolescentes,
quienes han sido víctimas de homicidios de características muy similares”, y
registra:
- El caso de Maximiliano De León, de 14
años, ocurrido el 1º de agosto de 2012, con IPP (Investigación Penal
Preparatoria, investigación que inicia una fiscalía) 28548-12.
- La IPP 48275-12, por homicidio de
Franco Quintana, de 16, ocurrida el 27 de diciembre pasado.
- El crimen de Lucero Axel, también de 16
años, ocurrida el 27 de febrero pasado, y en la que Axat sostiene que “no se
advierte existencia de IPP en la base del SIMP La Plata”, que es la base de
datos de la Procuración General bonaerense. Es decir, el asesinato de un
adolescente que pasó de largo para la Justicia.
- La muerte de Rodrigo Simonetti, de 11
años, ocurrida el 6 de junio de 2012, en la que tampoco hay registrada
investigación fiscal alguna.
- El homicidio de Omar Cigarán, de 17,
ocurrida en La Plata el 14 de febrero pasado con la investigación IPP 5860-13.
- Y la IPP 19834-13, que investiga el
crimen de Bladimir Garay, de 16 años, ocurrida en La Plata el 19 de mayo
pasado, que fue la que determinó finalmente la presentación de la denuncia.
Axat sostiene que en menos de un año se
sucedieron seis crímenes de niños que guardan características similares: son
muertes violentas; se trata “de niños y adolescentes marginales atendidos por
esta defensoría” (Nº 16 del Fuero Penal Juvenil platense); ocurridos en la
misma zona geográfica; y “existe algún grado de participación o relación
policial”. El caso de Bladimir (con B, al menos le dejaron el nombre sin
correctivos) Garay es presentado por Axat como el que permite “una ilación” de
los otros. Garay participó aparentemente en un “raid delictivo ingresando –más
tarde– con una bala (de la que no se sabe la procedencia) al Hospital de Niños
falleciendo en forma inmediata, sin ninguna explicación”, señala en el texto
Axat.
Como patrones comunes en los hechos
denunciados, todos los casos tenían “antecedentes en la Justicia Penal
Juvenil”, en la que Axat fue defensor de la mayor parte de ellos. En todos los
casos hay un “fracaso evidente de medidas de protección o seguimientos pautadas
por la propia Justicia Penal o Civil o de Familia”, lo que el denunciante
denominó “historias de muerte anunciada”, citando al juez de la Corte Eugenio
Zaffaroni. “En todos los casos existían antecedentes de un circuito de ingresos
a seccionales policiales de esta ciudad de La Plata, por presuntas infracciones
penales, permanencían en una comisaría por un tiempo, y traslado a los
Servicios de Protección de Derechos de la órbita de Infancia”, señala el
escrito.
Determina además que “pertenecen a las
mismas zonas: Villa Elvira y Aeropuerto (Garay, De León y Lucero); Cigarán y
Simonetti (Tolosa); es decir, ámbitos de la comisaría 8ª y de la comisaría
Tolosa 6ª.
Y ocurren “en circunstancias confusas,
con participación de civiles o de las fuerzas de seguridad en actos de servicio
o fuera de ellas, bajo la etiqueta de ‘enfrentamientos’ (Cigarán o De León) y
supuesta ‘legítima defensa’ (Quintana). Hay casos en los que se desconoce el
autor del homicidio, pues los cuerpos aparecen en descampados (Rodrigo
Simonetti), o bien ingresan a hospitales en grave estado de salud (Bladimir
Garay)”.
Sugestivamente, Franco Quintana había
denunciado hostigamientos de la Bonaerense. También Omar Cigarán había
presentado hábeas corpus por hostigamiento policial, ambos casos publicados por
este diario. Axat cita 16 presentaciones por hostigamiento en el caso de
Cigarán. Y está claro que nadie denuncia a la Bonaerense para darse chapa. En
el caso de Maximiliano De León, 24 causas abiertas en su contra por la
Bonaerense en menos de dos años dan la pauta por sí mismas de una persecución
con final escrito. La denuncia sostiene, además, que “en la mayoría de las
causas judiciales”, la investigación fiscal de hostigamiento no muestra avances
significativos y “las personas directamente implicadas (policías) recuperan la
libertad de inmediato una vez que realizan su descargo (legítima defensa o
cumplimiento del deber)”. Para colmo, no se cumple la resolución de la
Procuración General, que ordena a los fiscales apartar a la Bonaerense de las
investigaciones. Es decir, los fiscales y jueces aceptan que la Bonaerense se
autoinvestigue.
Agrega además que durante 2011, el fiscal
platense Rubén Sarlo denunció ante la Fiscalía General de La Plata la posible
existencia de vecinos o parapoliciales preparados para ejercer justicia por
mano propia.
Además, la denuncia avanza sobre los
“aspectos anteriores a los crímenes, “la responsabilidad que les cabe a los
organismos encargados de Niñez y Adolescencia –ausencia de protección debida
como servicio–, posición de garante del Estado” y refirió la serie de
presentaciones realizadas por su defensoría ante los órganos del Estado
responsables de la Niñez y Adolescencia, sin que eso se haya reflejado en
contención de ningún tipo.
En pocas palabras, el Estado se les
ausenta desde que nacen, y entre 11 y 17 años después los mata porque no son
reclutables.
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